Aunque ya sea tarde porque todos los contratos a la carta de las próximas fallas están presentados, creo que los apuntes (si es que alguien está dispuesto al lance, que lo dudo) siempre pueden ser de provecho, si bien en este caso no para todos, de ahí que las dudas se agranden hasta el infinito porque seguro que a algunos se les acabaría la chusma y a otros la estrategia de sus insidias. Cuando según se trajina todos sabemos de las intrigas que se destilan con las cuantías de los contratos con los artistas falleros (hasta cuando se falsea como “artista: la comisión”) y se especula cuando supuestamente algunas comisiones hinchan lo pactado en específicas categorías, beneficiándose por exceso de las subvenciones y otras los dejan perder en favor de los importes de los premios o los honores, en inferiores secciones, seguro que los honestos verían con interés cualquier solución que acabara con los trileros de la marea sustancial.
Si al mismo tiempo se están cuestionando en las esferas mediáticas con insistencia las transparencias sobre los erarios públicos, sus turbulencias y corruptelas, sería el momento de poner fin a la mal llamada picaresca fallera.
Estamos hablando de dinero público cuando a la picaresca habría que tratarla con otros adjetivos más concretos y no solamente por el fraude, también por los perjuicios ocasionados a la legal competencia.
La cuestión es bien sencilla, declaraciones juradas en documentos públicos, y atenerse a las consecuencias.
Como quiera que el reglamento en vigor no contempla nada al respecto, algo habría que advertir. El alcance que se derive de una declaración jurada, si se demuestra la farsa, puede ser vital en los tribunales si el defraudado (en este caso el consistorio) se propone llevar a efecto la demanda.
Podría incluso llegar la denuncia desde la misma competencia, de otros agremiados, falleros o particulares en desacuerdo entre lo expuesto en la calle, lo declarado o los informes obtenidos de fuentes autorizadas.
Desde que en el último congreso (2002) los sabios ponentes se cargaron los jurados de estimación, nada se ha sabido de desmanes y nadie sabría dónde reclamar en caso de evidente desafuero. Luego todo son conjeturas, todos lo sabíamos de antemano, se aceptan los resultados y nunca se conoce quiénes, cómo y por qué los escalafones fijados por jurados a los que se culpa, vilipendia y se injuria gratuitamente.
Se han repetido hasta el infinito opiniones respecto a la presencia física de los jurados y sus puntuaciones en público uno por uno, pues nada. Ahora se hacen propuestas de selección de jurados, sorteos que no convencen a nadie y sondeos con una gran dosis de improvisación y consecuentes atrofias que complican el proceso. Como si las afinidades y conexiones sociales fueran tan fáciles de señalar.
Con las declaraciones juradas seguramente los más decentes estarían muy tranquilos y los dolos no tanto.
